A partir de hoy, la misoginia, la xenofobia, la segregación racial, el antisemitismo, la bifobia, la homofobia, la lesbofobia y la transfobia serán consideradas como delitos en la Ciudad de México conforme a lo establecido por la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal.Fuente: NotieSe
De esta manera, con la publicación de la reforma a la ley en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se concreta la iniciativa presentada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el pasado 9 de junio ante la Asamblea Legislativa del DF que buscaba ampliar la definición de conductas discriminatorias en las leyes capitalinas a fin de evitar ambigüedades.
Así, toda conducta de carácter discriminatorio por parte de servidores públicos capitalinos o particulares podrá ser investigada y sancionada por las autoridades capitalinas. Además, las dependencias locales están obligadas a generar políticas públicas a favor de la eliminación de conductas discriminatorias y a favor de la inclusión y la igualdad.
Las sanciones por incurrir en conductas o actos de corte discriminatoria podrán ser de corte penal, civil o administrativo, dependiendo de las circunstancias y gravedad del acto discriminatorio.
En la capital mexicana se entenderá por homofobia toda aversión manifiesta en contra las orientaciones, preferencias sexuales e identidades o expresiones de género contrarias al arquetipo de los heterosexuales; lesbofobia como el rechazo, odio, aversión, temor, repudio, discriminación, ridiculización, prejuicio y/o violencia hacia las personas que son o parecen ser lesbianas, a partir de un prejuicio; transfobia como el rechazo, odio, aversión, temor, repudio, discriminación, ridiculización, prejuicio y/o violencia hacia las personas que son o parecen transexuales, transgénero o travestis, y bifobia como el miedo irracional a la bisexualidad o a las personas con orientación o preferencia bisexual que se expresa en rechazo, discriminación, ridiculización y otras formas de violencia.
A la par, las reformas dotan al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), de nuevas herramientas para optimizar la atención que brinda a las víctimas de discriminación, a fin de procurarles la reparación del daño que se les ocasiona al negarles el acceso y goce de sus derechos humanos.
En este sentido, se reconoce al Copred la atribución para actuar de oficio cuando se detecte o se tenga conocimiento de casos en los que se viole el derecho a la igualdad y no discriminación, sin necesidad de que medie una solicitud para tal efecto.
Asimismo, las personas servidoras públicas del Copred que estén abocadas a la atención de víctimas de discriminación tendrán en sus actuaciones fe pública para certificar la veracidad de los hechos relacionados con las denuncias que hayan recibido, lo que fortalece la protección de los derechos de quienes sufrieron la conducta discriminatoria.
De igual manera, el Consejo estará facultado para realizar visitas que le permitan conocer y verificar la accesibilidad y no discriminación de espacios públicos que tengan relación con las reclamaciones que hayan sido tramitadas ante él.
El decreto de reformas también fortalece a la Junta de Gobierno del Copred, con la inclusión entre sus miembros permanentes de la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), así como del Instituto de Atención al Adulto Mayor del Distrito Federal, el Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, como invitados permanentes. En la misma calidad tendrá representación la Presidencia de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Asamblea legislativa del Distrito Federal.
En caso de concurrencia de actuaciones con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), a partir del ámbito de competencia y de la naturaleza de la queja o reclamación, el Copred solicitará a la instancia nacional la derivación del mismo para su tramitación a nivel local.
